La fiscalía japonesa pidió 18 meses de prisión para los activistas acusados por defender a las ballenas

En el final del juicio a los activistas acusados por denunciar la corrupción en la industria ballenera, la fiscalía del gobierno del Japón solicitó que Junichi Sato y Toru Suzuki sean encarcelados durante 18 meses. Si se efectúa esta condena sería, la más alta que se haya impuesto para un activista de Greenpeace en sus 40 años de historia.

Junichi Sato y Toru Suzuki fueron detenidos hace dos años después de exponer la corrupción gubernamental en la industria ballenera de Japón. Ellos llevaron a cabo una extensa investigación de interés público y lograron, además, reunir pruebas convincentes que demostraron la veracidad de sus acusaciones. Su juicio comenzó en febrero de este año y el caso de la defensa mostraba ser suficientemente sólido. Pero, a pesar de que la fiscalía muchas veces debió ingeniárselas para sostener sus propios argumentos (con testimonios contradictorios de testigos que, en varias ocasiones, terminaron estando de acuerdo con la defensa en puntos clave del proceso) el juicio concluyó con el pedido de una sentencia desproporcionadamente severa para los activistas.

En el año 2008, mientras realizaban su investigación sobre la caza ilegal de ballenas en Japón, Junichi y Toru interceptaron una caja de carne de ballena robada y la entregaron a la fiscalía como evidencia. Lo que hicieron fue honrado, de interés público y esencial para demostrar sus acusaciones. Y, a pesar de que el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre detención arbitraria de la ONU declaró que la detención de 26 días que sufrieron Junichi y Toru en 2008 había violado sus derechos humanos, el Tribunal de Distrito de la fiscalía de Aomori exigió, para cada uno, la condena correspondiente a un año y seis meses de prisión por robo y traspaso a la propiedad privada.

“Nosotros actuamos con toda tranquilidad y teniendo en cuenta el interés público. Nuestro objetivo era obtener pruebas de la sustracción de carne de ballena financiada por el pueblo japonés. Como signatario de varios tratados internacionales sobre derechos humanos, Japón debe respetar nuestro derecho a actuar de esta manera y confiamos en que el tribunal lo reconocerá en su decisión”, declaró Junichi Sato.

Junichi y Toru habían solicitado una investigación oficial sobre sus acusaciones. Y, aunque en un principio dicha investigación comenzó, las autoridades la abandonaron luego, sin razón aparente e iniciaron el juicio a los activistas. Tanto su detención como el interrogatorio y las cargas que se les impusieron fueron condenados por organizaciones internacionales de derechos humanos, juristas y políticos, incluido el Premio Nobel, el Arzobispo Desmond Tutu.

Kumi Naidoo, Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional declaró al respecto: “Es muy preocupante que pueda llegar a serles impuesta cualquier pena de cárcel. Varios expertos en derechos humanos consideraron que este caso posee una motivación política y que representa otro ejemplo de una tendencia mundial cada vez mayor por parte de las autoridades a utilizar la ley para silenciar una oposición que les resulta inconveniente”.

Este pedido de encarcelamiento a los activistas por parte de la fiscalía se produce en un momento clave, dado que la Comisión Ballenera Internacional (CBI), reunida en Marruecos, comenzará este mes a llevar adelante conversaciones cruciales para el futuro de las ballenas. Desde que los dos activistas fueron arrestados, en junio de 2008, se enviaron al gobierno japonés más de medio millón de mensajes. Y ahora son miles las cartas que están siendo enviadas al Ministro de Relaciones Exteriores de Japón pidiendo que se ponga fin a la caza de ballenas y fin a la persecución de Junichi y Toru.

Japón tiene ahora la oportunidad de borrar dos años de inacción por parte de sus líderes dado que hoy asumió el poder un nuevo primer ministro, Naoto Kan. Él necesita demostrar que puede hacer lo que Yukio Hatoyama no podía, para que Japón pueda convertirse en un líder mundial en la defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil.

El veredicto y la sentencia final se conocerán el 6 de septiembre.

Fuente: Greenpeace Colombia

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