Petróleo sangriento

Denunciarán accionar de BP en Colombia en el marco del TPP

Las comunidades del municipio colombiano de Tauramena, situado en la zona sur-occidental del departamento de Casanare, desde hace años observan en su territorio los impactos y daños que causa la industria petrolera.

Por ello, durante la próxima instancia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que sesionará en Madrid entre el 14 y el 18 de mayo, la colombiana Corporación Social Para la Asesoría y capacitación comunitaria (COSPACC) y la británica Colombia Solidarity Campaign UK presentarán un caso que denuncia el accionar de la petrolera British Petroleum (BP) en la zona.

Según denuncian estas organizaciones, debido a su actividad, BP ha secado pozos naturales de agua, contaminando asimismo recursos hídricos destinados al consumo humano. Por otra parte, ha ocasionado derrumbes en la zona, y ha provocado contaminación auditiva, lumínica y atmosférica.

Además, la petrolera ha violado los derechos de asociación de los trabajadores, ha intimidado a familias para obligarlas a vender sus tierras, y ha contribuido a discriminar a la mujer de la región, quien es relegada dentro de la industria del petróleo únicamente a trabajos de limpieza, cocina y vigilancia, que se encuentran en la más baja escala salarial.

Por otra parte, las organizaciones denuncian que, dentro de las áreas de exploración y explotación entregadas en concesión por el Estado colombiano, “se ha desarrollado toda clase de delitos que afectan a la población; hay estudios sobre desaparición forzada con 2653 casos, asesinatos aproximadamente 9.000, amenazas, desplazamiento forzado, vulneración del derecho a la movilidad, se ha generalizado la cultura del miedo. Razones por las cuales durante mucho tiempo las comunidades no hacían exigibilidad de sus derechos ante la empresa BP”.

También se indica que petroleras como BP y Oleoducto Central S.A. (Ocensa) “no han asumido su responsabilidad social en busca de alternativas diferentes al sector petrolero”, y “se han limitado solamente a construir pequeñas soluciones de vivienda, capacitaciones, aportes pequeños a las acciones comunales de las zonas de influencia, que no redundan en un bienestar de toda la comunidad”.

Por ello, los demandantes reclaman que se evalúen los impactos ambientales derivados del accionar de las petroleras, se establezcan mecanismos que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos y la libertad sindical, y que se dirija la inversión social realizada por las petroleras hacia proyectos de impacto y de interés general, encaminados a despretrolizar la economía con recursos significativos.

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