Colombia: Mensaje de las prisioneras políticas y de guerra en el Día Internacional de la Mujer

por Campaña Permanente en Solidaridad con las Detenidas y los Detenidos Políticos

Reproducimos el mensaje enviado por las prisioneras políticas y de guerra recluidas en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá:

A todas las luchadoras del mundo en el Día Internacional de la Mujer

Hace ya un siglo que las mujeres trabajadoras y militantes de la justicia social alrededor del mundo acordaron establecer el 8 de marzo como Día Internacional de la mujer. Entonces y ahora luchamos por alcanzar para todas las más elementales reivindicaciones y derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Como resultado de esas luchas de las mujeres que nos antecedieron, como de quienes continuamos la tarea, las mujeres de muchas latitudes hemos logrado salir de la esfera de lo doméstico para ocupar un papel en la vida pública.

No obstante los avances, aún queda mucho por hacer. Si bien muchas mujeres tenemos un lugar en el mundo del trabajo y la política, nuestra participación es aún inferior a la de los hombres y las condiciones de discriminación persisten.

Aún no hemos logrado romper con el quehacer que las sociedades patriarcales nos han asignado a las mujeres y que reproducimos a través de los procesos de socialización. Seguimos siendo vistas como las reproductoras, las responsables del cuidado de los hijos, con las mismas tareas en lo doméstico, pero ahora con una doble y hasta triple carga por nuestra incursión en el mundo laboral, académico, profesional y político.

Adicionalmente, la agresividad del capitalismo globalizado ha hecho que retrocedamos en algunas conquistas alcanzadas con inmenso esfuerzo, en arduas luchas y tras dolorosas pérdidas en vidas de nuestras compañeras de causa.

Las mujeres colombianas

Colombia es un país de contrastes. Por un lado, la belleza de sus gentes y paisajes, la riqueza de sus recursos naturales y minerales; por otro, la crudeza de un largo conflicto social y armado, la injusticia y desigualdades sociales, el narcotráfico, la sucesión de gobiernos oprobiosos y oligárquicos, el terrorismo de estado con sus paramilitares, las violaciones a los derechos humanos, la intolerancia y exclusión política.

En Colombia el desplazamiento forzado de humildes pobladores, rurales en su mayoría, ya supera los cuatro millones. Gentes arrojadas vilmente a la nada. De éstos, el 70% son mujeres, y de este porcentaje muchas son niñas a las que sólo les espera un futuro incierto. El desplazamiento forzado cobra mayor dramatismo en las miles de mujeres viudas o abandonadas que de la noche a la mañana deben asumir la jefatura del hogar en un país hostil, que no ofrece oportunidades a los más pobres y al contrario las empuja a la fatalidad de la miseria.

En otro escenario, las miles de mujeres cabeza de familia colombianas no sólo tienen que sortear solas las difíciles condiciones para poder sostener y ofrecer una vida decorosa a sus hijos, además –y quizá es la realidad más indignante para nosotras- tenemos que enfrentarnos a un sistema y legislación judicial que muy poco o nada hace frente a la irresponsabilidad paterna, que poco o nada garantiza (como si ocurre en otros países) los derechos de los niños y los de las mujeres con jefatura de hogar. Es una legislación compasiva con los hombres que dejan en el más absoluto abandono a sus hijas e hijos, mientras traslada a la mujer cabeza de familia toda la responsabilidad de su crianza.

La feminización de la pobreza en Colombia se mantiene en sus más altos niveles. El desempleo femenino aumenta. Las condiciones de trabajo para las mujeres empeoran arrojándonos al subempleo, a la informalidad; la subvaloración del trabajo femenino continúa y, por lo tanto, los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres así nuestras capacidades sean las mismas, o incluso mayores.

Aunque muchas mujeres nos disputamos centímetro a centímetro un lugar en el mundo laboral, académico, en el interior de las organizaciones sociales y políticas, es aún muy bajo nuestro porcentaje de participación, y todavía menor si de los espacios de dirección se trata. Es mucho todavía el trabajo que nos espera.

Mujeres en prisión

En las cárceles colombianas hay cerca de siete mil personas privadas de la libertad. De estos, más de cuatro mil somos madres. En un muy alto porcentaje, somos cabeza de hogar.

De la totalidad de personas privadas de la libertad, más de siete mil somos prisioneros políticos (de oposición) y prisioneros de guerra.

En la reclusión de mujeres de Bogotá “Buen Pastor” nos encontramos privadas de la libertad 1.480 mujeres, de las cuales 989 están condenadas y 497 están sindicadas preventivamente[1]. La mayoría de las mujeres privadas de la libertad proceden de los estratos más pobres, de lugares marginados del país y tienen una baja escolaridad.

La mayoría de las prisioneras políticas y de guerra del país nos encontramos recluidas en el pabellón sexto. Es un pabellón de alta seguridad y aislado del resto de pabellones dada nuestra supuesta peligrosidad. Somos mujeres rurales y urbanas; mestizas, indígenas, afrocolombianas; jóvenes y mujeres cercanas a la tercera edad; estudiantes, sindicalistas, líderes sociales, defensoras de derechos humanos, profesionales y guerrilleras; sindicadas y condenadas. Confinadas en un pabellón destinado para 60 mujeres, que a menudo desborda su capacidad por el número de mujeres que son detenidas, muchas de ellas en las regiones apartadas, en medio de operativos masivos.

Vivimos en pequeñas celdas de 2 metros por 1.5 metros, en camarotes de dos mujeres por celda, y hasta tres (una en el piso) cuando el hacinamiento es alto. Conviven con nosotras unos cinco pequeños, niñas y niños, quienes están con sus madres hasta que cumplen sus tres años de edad. Entonces serán cruelmente separados unos de otras. También está entre nosotras una guerrillera con casi sus nueve meses de gestación y otra guerrillera que acaba de llegar, después de sobrevivir a un tenebroso bombardeo donde perdió uno de sus brazos, tiene las heridas de la guerra en su cuerpo y entre sus secuelas ha tenido que usar sonda y pañal para atender sus necesidades. Es una mujer joven, una mujer del pueblo.

Los prisioneros políticos y de guerra hoy estamos privados de nuestra libertad por habernos levantado con armas o sin ellas en contra de un estado violador de los derechos humanos de los mas desfavorecidos; por haber denunciado y enfrentado a unos gobiernos –como el de Álvaro Uribe Vélez- corruptos, oligárquicos, terratenientes, mafiosos y genuflexos al imperio estadounidense. Unos gobiernos que han alimentado la continuidad de la guerra sucia a través de sus grupos paramilitares y de unas fuerzas armadas (policiales y militares) que tienen sus manos manchadas con la sangre de su propio pueblo.

Las prisioneras políticas y de guerra asumimos la prisión como un nuevo espacio de lucha, de formación y de temple revolucionario, por eso hoy, en el Día Internacional de la Mujer, denunciamos y rechazamos:

1. La persistencia en las cárceles y penitenciarias colombianas del “estado de cosas inconstitucional” que declara la propia Corte Constitucional, es decir, el desconocimiento y violación sistemática de nuestros derechos y dignidad humana y los de nuestros familiares y demás visitantes, por parte del personal de custodia y vigilancia (masculino y femenino), con la permisividad de las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

2. la arbitrariedad e improvisación de las directivas y comandos de custodia y vigilancia del Inpec, quienes a través de absurdas resoluciones hacen más penosa nuestra permanencia en prisión.

Tal es el caso de la limitación para recibir las visitas de nuestros hijos e hijas menores de edad, especialmente los menores de 12 años, a quienes se les ha restringido la visita a una sola vez al mes. Con esto se vulneran especialmente los derechos de las niñas y los niños que constitucionalmente deben prevalecer sobre los demás derechos.

3. La violación a nuestra soberanía nacional, que en materia penal, penitenciaria y carcelaria se traduce en:

· Una política penal, calco y copia del sistema penal y acusatorio estadounidense, que criminaliza a la oposición política, desnaturaliza el delito político y lo agrava asociándolo a delitos comunes como el terrorismo y el concierto para delinquir, y con esto mantenernos en el ámbito de la “justicia especializada” que nos impone altísimas condenas (de 20 a 60 años), mientras es indulgente con los paramilitares, parapolíticos, mafiosos, delincuentes de cuello blanco y los miembros de la Fuerza Pública comprometidos en violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales.

· Una política penitenciaria y carcelaria que, siguiendo las directrices del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos, le da prioridad a las consideraciones de seguridad, militarización y privatización de los establecimientos carcelarios. Que no contempla un enfoque de género sino que homogeniza el tratamiento penitenciario pensado con criterios androcéntricos, que viola los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que impone mecanismos de invisibilización, despersonalización y desocialización, en especial a las prisioneras políticas y sociales procedentes de los sectores mas pobres; al tiempo que mantiene un sistema de privilegios y de división social clasista en el interior de las cárceles, en donde existimos presos de primera y segunda categoría.

Que le da un trato a los prisioneros políticos de “enemigos internos”, limitándonos aun más que a las otras personas privadas de la libertad el acceso a visitas, a comunicaciones, al uso de dispositivos tecnológicos, a la locomoción, a la salud, a la educación, a la recreación, al trabajo, y a el ejercicio de nuestros derechos en materia sexual y reproductiva.

· La construcción de 11 grandes establecimientos penitenciarios y carcelarios mixtos, siguiendo los modelos de las prisiones estadounidenses, con asesoría y recursos gringos.

Moles de cemento, grises, construidas para hombres, pero que también serán ocupadas por las mujeres privadas de la libertad, de quienes ignoran nuestras especificidades como mujeres. Gigantes contenedores de hombres y mujeres en donde pretenden que paguemos con todo rigor nuestros “supuestos delitos”, en donde buscan “normalizarnos”, que es igual a anularnos como seres humanos dueños de nuestro libre albedrío.

· La extradición de nuestros nacionales a otros países, en especial a los Estados Unidos. Rechazamos vehementemente la extradición de prisioneros políticos tras burdos montajes de narcotráfico, como es el caso de Ricardo Palmera (Simón Trinidad), Anayibe Rojas (Sonia) e Iván Vargas.

4. La instalación y operación de bases militares estadounidenses en nuestro territorio. Con estas sólo se exacerbará e internacionalizará el conflicto interno colombiano; se incrementarán las violaciones a los derechos humanos de la población de manos del personal militar estadounidense-colombiano, que de antemano cuenta con una cláusula de impunidad; se usarán como plataformas de intervención y espionaje a los países vecinos y alejará aun más la posibilidad de una salida política y negociada al conflicto interno colombiano y a la construcción de una paz duradera.

Exigimos:

1. Una justicia y legislación penal soberana, respetuosa de los derechos de los detenidos, de su debido proceso, y que incluyan consideraciones de la condición de género de las mujeres transgresoras. Constructiva y no revanchista.

2. Una política y tratamiento penitenciarios y carcelarios que propendan por el respeto pleno de los derechos y de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, acordes a los tratados y legislación internacional para el tratamiento de los reclusos, y que incluya el componente de género en sus disposiciones y prácticas.

· Que se garanticen nuestros derechos fundamentales al trabajo bien remunerado, a la educación de calidad y gratuita, a la salud, a la recreación, y a la diversidad de programas de formación y capacitación que nos ofrezcan a las mujeres privadas de la libertad verdaderas opciones y posibilidades de proyección en la vida penitenciaria. No queremos que la capacitación se limite a programas que sólo buscan perpetuar el papel histórico que las sociedades patriarcales le han asignado a las mujeres (costura, limpieza, culinaria, manualidades). El Inpec debe entablar convenios con instituciones educativas y universidades públicas que ofrezcan diversidad de programas educativos y en lo posible la gratuidad de los mismos.

· Que el Estado invierta más en el bienestar social y garantice las necesidades básicas de su pueblo, antes que priorizar en los gastos de guerra, entre ellos la construcción de los aparatos de represión, tortura y sometimiento que son las cárceles colombianas.

· Que se respete el derecho de nuestros hijos y el de nosotras como madres a conservar la unidad familiar. A las mujeres cabeza de familia se les debe conceder, sin ninguna discriminación, el beneficio de la detención o prisión domiciliaria en procura de garantizar los derechos fundamentales de los niños, que prevalecen sobre los demás.

· Que nuestros hijos menores de edad puedan visitarnos cada fin de semana. No deben ser sometidos a requisas indebidas ni intimidatorias. Los lazos de madre a hijos son únicos y necesitan ser fortalecidos; en el caso de mujeres privadas de la libertad esto sólo es posible con la visita frecuente de nuestros hijos.

· El pleno respeto a los derechos y dignidad humana de nuestros visitantes, familiares y amigos por parte del personal de custodia y vigilancia.

· El cierre definitivo de la torre 9 de la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Valledupar -la Tramacúa[2]- en donde se encuentran confinadas más de cien mujeres, detenidas políticas y sociales, soportando las condiciones más adversas, los permanentes abusos y violaciones físicas y sicológicas, y el total irrespeto a su dignidad humana por parte del personal de custodia y vigilancia. La torre nueve de la penitenciaria de Valledupar es un verdadero centro de torturas, de tratos humillantes y degradantes y debe ser cerrada cuanto antes.

Las presas políticas y sociales deben ser reubicadas teniendo en cuenta criterios de género y de acercamiento familiar.

· Que los organismos de control en materia de derechos humanos, ya sean gubernamentales o no gubernamentales jueguen un papel mas proactivo y garantista del respeto de los derechos humanos de la población privada de la libertad.

· La repatriación de los presos políticos y sociales y su derecho al debido proceso y a la defensa por parte de la justicia colombiana. Los tratados de extradición de nacionales deben eliminarse y fortalecerse una justicia soberana.

· El intercambio humanitario de prisioneros políticos y de guerra, como una puerta de entrada a una futura negociación política y negociada el conflicto interno colombiano y a la construcción de una paz sostenible.

Solicitamos

· El acompañamiento y veeduría internacional a los prisioneros políticos para monitorear y velar por el respeto a los derechos humanos de los mismos por parte de la Justicia y el personal penitenciario y carcelario colombianos. Así mismo para el impulso de un eventual intercambio humanitario de prisioneros políticos y de guerra.

Las prisioneras políticas y de guerra recordamos hoy a nuestras compañeras de lucha, a las que han sido desplazadas, torturadas, a las que están en exilio y a las que han sido asesinadas por haber levantado su voz y comprometido su acción en los sindicatos, defendiendo el territorio, su cultura, un pedazo de tierra para labrar, exigiendo el pan para sus hijos, el respeto a los derechos humanos o levantándose en armas contra un estado opresor.

Las prisioneras políticas y de guerra no renunciaremos -a pesar de las torturas, de las largas condenas, de la sistemática violación a nuestro derechos y dignidad humana, de las muchas restricciones e intimidaciones y de las pretensiones de comprarnos con planes de rendición y traición- al sagrado derecho que nos asiste a los pueblos de rebelarnos ante un sistema y un estado injusto y opresor. ¡Así rendimos homenaje a nuestros muertos!

Cien años después nuestro compromiso ha de ser redoblado. No seremos más las mujeres invisibles y subvaloradas en un mundo masculino. Seremos protagonistas del cambio social y en ese camino seguiremos luchando hombro a hombro con nuestros compañeros y camaradas. Juntos construiremos esa patria grande en paz y con justicia social.

Va nuestro abrazo fraterno a todas las mujeres luchadoras del mundo.

Los prisioneros políticos y de guerra no somos delincuentes, tampoco somos terroristas.

¡Somos luchadores del pueblo!

Prisioneras políticas y de guerra
Reclusión de mujeres de Bogotá “Buen Pastor”
Marzo 8 de 2010
Colombia

Las prisioneras políticas y de guerra de la reclusión de mujeres de Bogotá -Buen Pastor- expresamos nuestra solidaridad a los pueblos de Chile y Haití. Hacemos votos porque los lugares devastados puedan ser prontamente reconstruidos, porque las niñas y los niños sean debidamente protegidos y que las personas afectadas reciban la ayuda necesaria para que puedan rehacer sus vidas en condiciones de dignidad.

Notas:

[1] Estadísticas de la reclusión de mujeres de Bogotá, marzo 3 de 2010

[2] Grande, colosal en lenguaje vernáculo.

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